HONDURAS,
PARALELISMO CON MÉXICO
La cerrazón de la alianza que
gobierna México, encabezada por Peña Nieto y su partido (PRI), denominada Pacto por México, paso a paso ha provocado la
respuesta del pueblo trabajador organizado. Hoy presentamos un artículo de
Guillermo Almeyra quien encuentra un enorme paralelismo, que no igualdad, en
los procesos de nuestro país y Honduras. Los hechos en el expuestos nos deben llevar
a una reflexión profunda.
Obrador (México) y Celaya-Xiomara
Castro (Honduras) y las movilizaciones multitudinarias como respuesta al fraude
electoral son de un paralelismo extraordinario, no sólo en las formas de
organización; sino también en los resultados obtenidos. De ello surge la
conclusión de no encajonar la respuesta popular en lo electoral y el cretinismo
parlamentario y jurídico. En Socialismo Revolucionario México consideramos que,
si bien se debe incidir en todos los planos de la actividad política, la
cerrazón del gobierno empresarial y la claridad cada vez mayor del movimiento social
de quién es el enemigo, nos lleva a señalar que en este momento, sin
descartarla del todo, no se debe privilegiar la vía electoral o jurídica. Hoy
la denuncia pública en las calles de la crisis económica, el desempleo, la
falsa guerra al narco y los miles de muertos, el desempleo, los bajos salarios,
la falta de apoyo al campo, el enriquecimiento de una minoría de empresarios,
la carestía, las reformas estructurales, etc. que se está haciendo recaer en el
pueblo trabajador, debe hacerse por todos los medios, pero esta denuncia debe
ser acompañada con el llamado a la organización y a la movilización social como
una prioridad. Los trabajadores de la educación con la CNTE al frente nos señalan el camino correcto.
En Socialismo Revolucionario México
(SRM) presentamos el artículo de
Guillermo Almeyra como una parte de la reflexión tan necesaria que debemos
hacer los trabajadores para frenar y en su caso cambiar el gobierno empresarial
por uno de trabajadores.
Guillermo Almeyra [1]
El de Honduras, como el de México, es
un semiestado. Todo se decide en el gobierno con el visto bueno de la embajada
de Estados Unidos, la economía descansa en las divisas resultantes de las
remesas de los emigrados, es decir, en la exportación de brazos y sangre
humana. Además, el país fue utilizado primero por Washington como base contra
la revolución cubana, después contra la revolución y el gobierno sandinistas, y
Estados Unidos ahora, desde la gran base en Palmerola y otras dos bases
militares más en Honduras, amenaza a Cuba y a Venezuela, domina Centroamérica y
se prepara para intervenir en Colombia, donde el proceso de paz con las FARC y
la división entre Uribe y Santos hipotecan la Alianza para el Pacífico, que
también está debilitada por la derrota de la derecha en Chile. El aparato
estatal está en manos de 15 familias cuyo Poder Ejecutivo cedió a las
trasnacionales enteras zonas del territorio donde no rigen las leyes del país,
tal como en México hizo Calderón con los aparatos de espionaje estadunidenses,
que fijaban las prioridades en la represión (no sólo contra el narcotráfico).
Las
elecciones hondureñas de este 24 de noviembre, como las de México en 1988, 2006
y 2012, fueron una farsa y los dueños del poder impusieron en ellas a Juan
Orlando Hernández para perpetuar y perfeccionar las medidas antipopulares
instauradas con el golpe de Estado yanqui-oligárquico contra Manuel Zelaya y,
después, por el gobierno de Porfirio Lobo, continuador de la dictadura.
Las
movilizaciones contra la dictadura, primero, y a favor de la candidatura de
Xiomara Castro y su Partido Libre, después, fueron permanentes y masivas. Los
trabajadores y el pueblo hondureños resistieron valientemente al golpe y a la
oligarquía y transformaron su Frente Nacional de Resistencia Popular, apoyado
en movimientos como Vía Campesina, en la fórmula electoral del Partido Libre.
Tanto en la acción, con sus movilizaciones, como en la campaña electoral,
trataron de modificar la relación de fuerzas actual. Ganaron así el apoyo de
vastos sectores de las clases medias urbanas, empezando por los estudiantes,
que luchan hoy contra el fraude. El pueblo hondureño, con gran madurez y
tratando de evitar la violencia estatal, cumplió con su deber cívico. Incluso
causó la fractura del bloque de los grandes oligarcas, pues algunos de éstos
temen lo que podría suceder si el gobierno ilegítimo de Hernández intentase
continuar impunemente con la política que la embajada yanqui dicta a sus
servidores y socios menores locales y contase sólo con las fuerzas de represión.
Las
movilizaciones contra el fraude se mantendrán, serán muy grandes y abarcarán
también a los sectores de las clases medias urbanas y rurales que votaron por
el Partido contra la Corrupción e incluso a sectores del electorado del Partido
Liberal. Porque el fraude fue evidente, descarado, aunque Daniel Ortega
reconozca y salude a su beneficiario y la Alba no se pronuncie al respecto. El
presidente saliente, Porfirio Lobo volcó, en efecto, el peso del aparato
estatal a favor de su partido, el Nacional, y del candidato de éste, Hernández.
La prensa en manos de la oligarquía desinformó todos los días y ninguneó la
campaña y las posiciones de Xiomara Castro, silenciando además los terribles
efectos sociales de la política neoliberal y el control de Honduras por la
embajada estadunidense, que intervino permanentemente en la campaña electoral.
El Partido
Libre (y el Partido contra la Corrupción) impugnó el resultado electoral
fraudulento y llama a movilizarse en el plano legal para respaldar su reclamo.
Xiomara Castro y Manuel Zelaya se conforman con el hecho de que el gobierno no
tiene mayoría en el Parlamento e intentan impedir que las ocupaciones
universitarias desencadenen tomas de tierras o estallidos
populares, mientras por su parte los votantes del Partido Libre se
autoconvocaron para la lucha y sienten que sólo ella puede obligar a ceder al
gobierno del Partido Nacional.
En un
semiestado que funciona como una colonia de Estados Unidos apenas disfrazada,
la legalidad es una ficción y el Parlamento apenas si sirve como tribuna
secundaria para las protestas y las exigencias populares, ya que sólo refrenda
las decisiones que se toman en Washington y en unos pocos escritorios. Una cosa
es utilizar todos los espacios y las oportunidades, electorales o jurídicas, de
esa seudolegalidad, y otra es creer que los papeles, las instancias legales y
las declaraciones pueden modificar las relaciones de fuerzas como si se
estuviera en Suecia.
Es correcto
utilizar la disputa electoral para ampliar el alcance de la propaganda y crear
bases organizativas en todo el país. Es necesario evitar mientras se pueda una
lucha sangrienta y desigual contra las fuerzas represivas, y ganar aliados,
fuerzas y posiciones apoyándose en la legitimidad del propio triunfo y del
propio comportamiento. Es indispensable que los usurpadores aparezcan ante
todos como tales para demostrar que no queda otro camino que derribarlos. Pero
la difusión de ilusiones sobre la efectividad de las protestas en los marcos
que fijan los usurpadores y sobre la posibilidad de usar contra éstos los
puestos en instituciones que carecen de todo poder real desarma y divide la
resistencia de masas.
El
cretinismo jurídico-parlamentario respetuoso de un régimen que es apenas una
dictadura del capital sostiene a éste más que la fuerza del ejército. Porque
una lucha revolucionaria divide y desmoraliza a los soldados y policías,
mientras que la claudicación de quienes aparecen como dirigentes de las luchas
populares, en cambio, debilita a los trabajadores, que son los únicos que
pueden expulsar del poder al imperialismo y la oligarquía. Hay situaciones en
las que sólo la resistencia civil y la sublevación popular pueden garantizar la
justicia, la legalidad y la independencia nacional.