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miércoles, 16 de abril de 2014


INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA
El plan de Iguala y la anexión a México
Por Maximiliano Cavalera  [1]
El 24 de febrero de 1821 fue proclamado en la ciudad de Iguala, México, el plan que lleva el nombre de dicha ciudad, es decir, el plan de Iguala. Este plan fue diseñado por Agustín de Iturbide y proclamaba la independencia de México adoptando un sistema monárquico, preservando el privilegio de la corona a Fernando VII, miembro de la casa de los Borbones, o en su ausencia, cualquier otro infante en línea de sucesión. Siete meses después, las luchas por la independencia en toda Latinoamérica llegan a Centroamérica y la presión del pueblo exige la independencia respecto de la corona española. La presión social era tan fuerte, que el 15 de septiembre de 1821 en la ciudad de Guatemala se proclama la independencia de las repúblicas centroamericanas. Este proceso tan singular es propio de Centroamérica, en donde fue la misma institucionalidad criolla la que proclamó la independencia sin siquiera disparar una bala. Esta situación sin precedentes en Latinoamérica terminaría marcando el destino de la patria centroamericana; ante la cobardía de nuestra oligarquía criolla por construir un Estado nación, terminó buscando el primer palo en que ahorcarse y los Estados Centroamericanos se anexaron al plan de Iguala, dejando a la nación centroamericana bajo la égida de la pretensión monárquica en México.
LA COLONIA ESPAÑOLA
Desde la época de la colonia la monarquía española dividió territorial y administrativamente sus colonias. En el caso de Centroamérica no existían grandes imperios, como era el caso de México y el Perú, todo lo contrario, en lo que es actualmente Centroamérica nos encontramos con una gran variedad de tribus que se encontraban en diferentes estadios productivos. Es decir, Centroamérica estaba poblada por migraciones indígenas del norte de América y del sur de América. Muchas de estas poblaciones eran recolectoras y practicaban el comunismo de consumo, otras estaban en la etapa esclavista. Sin embargo, no se conocía un imperio ni organización política que hubiese avasallado grandes poblaciones. Es hasta la llegada de los españoles que se inicia el proceso de conquista de las poblaciones indígenas. Aun así, la conquista no significó una orientación sistemática y dirigida, Guatemala fue conquistada por Pedro de Alvarado, en cambio la conquista por el sur la realizó Francisco Hernández de Córdoba. Curiosamente este había participado activamente junto a Hernán Cortez en la conquista de México.
La conquista española significó el vasallaje de todas las poblaciones indígenas de Centroamérica, muchas con lenguas, alimentación, dioses y tradiciones comunes. Para asegurar este vasallaje la corona española dividió sus colonias con centros administrativos en donde se concentraba toda la burocracia estatal. La corona española decidió que tenía que hacer política y bajar sus orientaciones en bloques, así fue que se organizaron los Virreinatos de Nueva España, de Perú, Nueva Granada y de la Plata. Dentro del virreinato de la Nueva España se encontraba La Capitanía General de Guatemala. Esta Capitanía se encontraba compuesta por lo que actualmente son las repúblicas de Centroamérica, Chiapas y una provincia de lo que es actualmente Panamá.
Para toda la España latinoamericana, la colonia significó la segregación de las comunidades indígenas, pero no solo de nuestras comunidades autóctonas, sino de los africanos que fueron esclavizados y traídos a las américas para servir como esclavos, de los mestizos y hasta de los mismos hijos de españoles que nacieron en nuestras cálidas tierras. El despotismo era el pan de cada día, pero a esto se sumaban las enormes cargas impositivas que tenían que pagar las colonias para mantener los lujos decadentes de la corona Española.
LA INDEPENDENCIA Y EL PLAN DE IGUALA
Pero el colonialismo tenía sus días contados, en América Latina se comienzan a organizar movimientos independentistas. Grandes serían los nombres de Bolívar, San Martín y otros que lucharon por la independencia. Contradictoriamente, el golpe de gracia a la corona Española lo asestaría la pretensión expansionista de Napoleón Bonaparte, quien al invadir España le asesta un golpe contundente a la corona. Así es que en el virreinato de Nueva España se comienzan a producir luchas importantes por la independencia. En el caso de Centroamérica se producen brotes en algunas ciudades en 1810. Estas pequeñas revueltas fueron sofocadas por la oligarquía criolla. Así es que el 24 de febrero de 1824 en México se proclama el plan de iguala; este pretendió instaurar una monarquía constitucional. El plan tenía 3 pilares fundamentales que eran: establecer la independencia de México de España, establecer la religión católica como única, establecer la unión de todas las clases sociales. Al darse el plan de Iguala, la Capitanía General de Guatemala estaba entrando en una profunda crisis política, su población estaba dividida así: “Las provincias más pobladas eran Guatemala y El Salvador. Los habitantes de Nicaragua se concentraban en el área de los lagos y litoral del Pacífico. El este de Honduras era un espacio natural vacío y en el centro y el oeste habitaban dispersos algunos pueblos de indios. La mayoría de las gentes de Costa Rica vivían entre montañas, en el Valle Central.” [2] Por otra parte algunas ordenanzas que buscaban cómo saquear más a las poblaciones indígenas sembraron un enorme descontento social: “Las normas fiscales introducidas en 1747, ataron a los pueblos de indios a los intercambios mercantiles, y las ordenanzas reales de 1785 crearon las intendencias de Chiapas, Salvador, Honduras y Nicaragua -incluida Costa Rica-. La monarquía pretendía satisfacer los apetitos de tierras, riquezas y dinero de los hacendados, funcionarios, clérigos y comerciantes locales, en consonancia con los privilegios de las clases dominantes de Guatemala.” (Ídem). No es nada extraño que al final del período colonial las insurrecciones indígenas fuesen cosa común dentro de la Capitanía General de Guatemala: “Hubo cuatro enfrentamientos entre populares con las tropas de la monarquía. El primero en noviembre de 1811 en San Salvador, cuando se solicitó un obispado independiente de Guatemala. El segundo en diciembre de 1811 en Granada, debido al malestar por las ventajas políticas de León y la mala gestión del Intendente. La tercera de nuevo en San Salvador, en enero de 1814, inspirada por la insurrección de Morelos. La lucha más importante ocurrió en Guatemala en diciembre de 1813, organizada en los pasillos y la iglesia del convento de la orden de los Bethlemitas. Estos movimientos fueron disueltos y reprimidos en 1814 y 1815.” [3]
Analizando bien el andamiaje colonial, uno puede llegar a la conclusión de que al finalizar la época colonial, las provincias supeditadas a la Capitanía General de Guatemala tuvieron enromes recelos de la administración colonial: “En un segundo momento esos Consulados, asentados en Guatemala, fueron la base de la élite que consolidaría el comercio en el istmo. El hilo conductor fue siempre una política que impedía de facto el libre comercio. Este fue uno de los motivos que empujaron a los conservadores centroamericanos, que no tenían lazos con esa élite, sobre todo de León, en Nicaragua, Comayagua, en Honduras, y Cartago, en Costa Rica, para que inmediatamente después de la independencia de España, solicitaran a México la anexión.” [4] En este proceso de independencia se debe ver claramente que las élites conservadoras lo que más temían era que la independencia fuese proclamada por el pueblo y por ende, perdiesen los privilegios que la misma corona les había otorgado. ¡Qué contradicción más grande! fueron los agentes de la corona los que declaran la independencia, pero sus verdaderas intenciones y el propósito de la anexión al plan de Iguala esta resumida en un abstracto de la declaración de independencia de las provincias de Centroamérica: “Que siendo la independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el Sr. Jefe Político lo mande publicar para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.” [5] El temor a una insurrección popular hace que los criollos centroamericanos busquen la sombra de Iturbide y el plan de Iguala para protegerse de cualquier insurrección armada que aboliese sus privilegios. Esta se transformaría en la norma en nuestros criollos y futura burguesía, que buscaría la ayuda o el protectorado de alguna potencia en aras de defender sus privilegios materiales, en aquella época fue México, luego el imperialismo norteamericano.
En 1823 fue derrotado Iturbide y el plan de Iguala fue aniquilado; para ese entonces las oligarquías criollas centroamericanas declaraban una segunda independencia proclamando Las Provincias Unidas de Centroamérica, en el acta de independencia quisieron enmascarar su incapacidad para construir un Estado y declaraban: “Considerando por otra parte: que la incorporación de estas Provincias al extinguido Imperio Mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta, arrancada por medios viciosos e ilegales”. Como vemos, nuestra primera independencia fue efímera, nuestra oligarquía nos supeditó a una potencia para preservar sus privilegios, en los hechos fueron incapaces de siquiera construir un Estado para la nación centroamericana. Pasados 180 años de la declaración del Plan de Iguala y nuestra anexión al imperio de Iturbide, la tradición de nuestras burguesías es tan entreguista como la de aquel entonces, por ende, será tarea de los y las trabajadores de Centroamérica luchar por nuestra verdadera liberación.




[1] EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA) http://elsoca.org/index.php/america-central/movimiento-obrero-y-socialismo-en-centroamerica/3251-centroamerica-el-plan-de-iguala-y-la-anexion-a-mexicoPSOCA
[2] La independencia de Centroamérica en las luchas de descolonización, Juan del Llano.
[3] Ídem.
[4] Centroamérica y México: desde la anexión hasta el Plan Puebla Panamá. Rosamaría Messén Ghidinelli.
[5] Acta de Independencia de Centroamérica.

¿OTRA GUERRA HONDURAS vs EL SALVADOR?

DECLARACIÓN DEL PSOCA
¡¡ISLA CONEJO ES CENTROAMERICANA!!
¡¡ABAJO EL NACIONALISMO REACCIONARIO!!
¡¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE CENTROAMERICANA QUE RECONSTRUYA EL ESTADO FEDERAL !!

El actual litigio territorial entre Honduras y El Salvador por Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca, forma parte de un viejo conflicto por intereses económicos y comerciales entre la oligarquía de las 14 familias de El Salvador y la burguesía de Honduras. Este no es un asunto nuevo. En 1969 se produjo la llamada “Guerra del Futbol”, una absurda guerra fratricida marcada por intereses económicos contradictorios entre ambas burguesías.
¿Por qué pelean por un islote?
Isla Conejo mide 0,5 km² (50 hectáreas), forma parte de las 32 islas ubicadas en el Golfo de Fonseca, amplio espacio marítimo que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua. El conflicto territorial entre El Salvador y Honduras por el control de algunas islas del Golfo de Fonseca, fue ventilado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la cual dictó sentencia el 11 de septiembre de 1992, asignado la soberanía sobre las islas Meanguera y Meanguerita a El Salvador, y la soberanía de la Isla Tigre a Honduras.
El gobierno de Honduras ha argumentado que la soberanía de Isla Conejo nunca estuvo en discusión, porque siempre ha estado bajo la administración del Municipio de Goascorán, departamento de Valle, Honduras. El gobierno de El Salvador ha argumentado que desde 1983 permitió a las Fuerzas Armadas de Honduras ocupar militarmente la isla, como parte de una medida para controlar el paso de armas desde Nicaragua hacia la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero después de los Acuerdos de Paz continuó la ocupación de Honduras hasta nuestros días.
Estos argumentos son superficiales y esconden el verdadero motivo. Isla Conejo ha cobrado importancia estratégica a partir del anuncio del gobierno de Honduras, en el año 2013, de la construcción de un canal seco, por medio de una vía férrea, que uniría Puerto Castilla, departamento de Colón, en la costa caribe de Honduras, hasta el Puerto de Amapala, Isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca, costa del Océano Pacífico. Los trenes llegarían hasta el puerto de Amapala a través de un puente de 3 kilómetros de largo. Isla Conejo está cercana a Isla del Tigre y enfrente de puerto La Unión (en el mismo lugar de Puerto Cutuco), el gran proyecto portuario y comercial de la burguesía salvadoreña. El origen del conflicto por Isla Conejo es el choque de intereses entre ambos puertos, que aspiran a monopolizar una buena parte del comercio regional en el océano pacífico, sobre todo en el marco del libre comercio creado por la Alianza del Pacífico.
Nacionalismos reaccionarios
Tanto la burguesía de El Salvador como la de Honduras, están enarbolando banderas nacionalistas reaccionarias, que van incluso contra los tratados de integración centroamericana que ellas mismas han firmado.
Las élites gobernantes quieren aprovechar los sentimientos nacionalistas en función de sus mezquinos intereses. A la oligarquía cachureca de Honduras la conocemos por sus posiciones reaccionarias, pero desde la izquierda el gobierno del FMLN y del Presidente Funes se ha convertido en vocero y fiel defensor de los intereses de las 14 familias y de la burguesía emergente que aspira a obtener una buena parte del pastel con las concesiones en el puerto de la Unión.
En este conflicto se han dado casos de abusos contra los pescadores artesanales de ambos países. Los pescadores artesanales de El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen derecho a realizar sus actividades sin represalias ni amenazas de ninguna especie. Ellos son los mejores guardianes del medioambiente y de la necesidad de terminar con las artificiales fronteras nacionales.
Otros intereses
Ya hemos visto que el principal conflicto se origina en la competencia de los puertos de Amapala y de la Unión. Pero también hay intereses específicos de la oligarquía de Honduras, que pretende crear “La Ruta del Sol”, como proyecto turístico relacionado con la creación de las Ciudades Modelo, ahora como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), con gobiernos autónomos y reglamentos propios dentro del territorio hondureño. Una de las ciudades modelo por construir se ubica precisamente en la Isla Zacate Grande, limítrofe en el Golfo de Fonseca.
Juan Orlando Hernández, Presidente de Honduras, está aprovechando el conflicto por isla Conejo para impulsar una campaña publicitaria destinada a imponer una posible reelección. A pesar de haber asumido el gobierno hace 3 meses, se encuentra en abierta campaña electoral.
Crece el armamentismo
Recientemente Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, confirmó que con la ayuda del gobierno de Brasil renovará la flota aérea de ese país, la mejor de Centroamérica, y comprarán nuevos aviones de combate, manifestando al respecto: “con respecto al reequipamiento, al apoyo, estamos trabajando con Brasil; ya existe un convenio entre ambos Estados que se firmó en el Gobierno anterior y ese va a ser el marco de colaboración”.
Por su parte, Zenic Krawctschuk embajador de Brasil en Honduras manifestó que "se trata de la rehabilitación de nueve Tucanos T27 y modernización, más tres que están en recuperación. Si se recuerda, estos Tucanos fueron comprados en Brasil en 1984, así que la idea es modernizarlos, de manera que tendrán todavía unos 15 a 20 años de vida útil y que dependerá del financiamiento, disponibilidad de recursos de Honduras, es una operación muy compleja”.
El gobierno de El Salvador, por su parte, está haciendo lo mismo. El año pasado, el gobierno de Funes anunció la compra de 12 aviones al gobierno de Chile con el pretexto de modernizar la Fuerza Área Salvadoreña (FAS). En esa ocasión, el presidente Funes manifestó: “No es un tema que esté relacionado con la isla Conejo. Quien puso en agenda el tema de la isla Conejo fue Honduras, quien lo ha utilizado electoralmente es el presidente de Honduras”… argumentando “necesitamos reforzar la flota por un tema de balance regional, no de ser agresivos frente a otros países, por un simple tema de balance regional de las unidades militares, en este caso, de las aeronaves con que cuentan los demás países que nos superan, nos superan con creces a El Salvador” (Diario el Mundo 29/10/2013).
Referéndum y Asamblea Constituyente Centroamericana
La burguesía de El Salvador no cumple con su propia Constitución. El gobierno del FMLN dice ser respetuoso de la reaccionaria Constitución, pero se olvida que el artículo 89, establece que: El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centro América, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular”.
En vez de promover la reconstrucción del Estado Federal Centroamericano, el gobierno del FMLN prefiere mantener el conflicto con Honduras, defendiendo los intereses económicos de las 14 familias salvadoreñas.
Para los socialistas centroamericanos, las artificiales fronteras de los Estados que resultaron de la desmembración del Estado centroamericano, han sido sostenidas por las burguesías de cada una de las republiquitas, con el objetivo de defender sus privilegios de patronos, por eso defienden “su” Estado, “su” territorio y no los intereses globales de la nación centroamericana y de los trabajadores. Incluso, estas burguesías de la región centroamericana, aunque aplican al pie de la letra las políticas económicas de los diferentes imperialismos, se resisten a reconstruir el Estado Centroamericano. De igual manera que los feudos europeos en la Edad Media, en este caso pretenden mantener las artificiales fronteras de los Estados nacionales en bancarrota. Solamente los trabajadores podremos reconstruir el Estado Federal, unificando a la nación centroamericana.
Unidad de los trabajadores y pueblos de Centroamérica
Las burguesías con sus Tratados Libre Comercio y la globalización capitalista, derrumban las artificiales fronteras nacionales, pero cuando se trata de defender sus intereses recurren al nacionalismo reaccionario, defendiendo la “soberanía nacional”.
En esta ocasión en que la derecha arenera viene de sufrir otra derrota por parte del FMLN, de manera táctica quiere hacer florecer el nacionalismo al criticar la pasividad del actual gobierno respecto a las acciones realizadas por el gobierno de Honduras, y reclaman que el actual gobierno no ha hecho nada en defensa de la soberanía. La clase trabajadora, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares de Honduras y de El Salvador debemos de rechazar todo intento de conflicto entre ambos Estados. Por el contrario, debemos terminar con la paz de los ricos y armar una campaña en contra de las clases dominantes.
Los trabajadores centroamericanos debemos luchar unidos por el gran ideal Morazánico de una Centroamérica unida bajo un Estado Federal, pero en el Siglo XXI esto será posible únicamente bajo el sistema socialista.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) lucha por la reunificación de los pueblos de Centroamérica, incluidos Belice y Panamá. Condenamos la actitud de los gobiernos burgueses de El Salvador y Honduras, que mantienen un absurdo conflicto territorial por la defensa de sus propios intereses económicos, en vez de resolver los problemas reales como el desempleo, la inseguridad, la pobreza, etc.
Por todo lo anteriormente expuesto, el PSOCA llama a luchar por los siguientes puntos:
1.-  Retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras de la Isla Conejo, así como el retiro de las Fuerzas Armadas de El Salvador, en las cercanías de dicha isla.
2.- Unidad de los trabajadores salvadoreños, hondureños y centroamericanos para superar las artificiales fronteras nacionales que nos separan.
3. Exijamos la reducción de los gastos militares y que estos fondos sean trasladados a la educación y salud públicas, bajo control de los sindicatos.
4. Terminar con los conflictos territoriales de Centroamérica, para ello debemos exigir la implementación de referéndums como mecanismo de consulta popular que nos permita la reconstrucción y reunificación de Centroamérica, hasta lograr la convocatoria de una gran Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana que reconstruya el Estado Federal. El PSOCA siempre luchará por un Estado Federal Socialista. La tarea histórica de la reunificación de Centroamérica, incluidos los territorios de Belice y Panamá, sigue pendiente. Es la gran tarea que debemos realizar.
REUNIFICACIÓN SOCIALISTA DE CENTROAMÉRICA O MUERTE!!

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

viernes, 31 de enero de 2014

LAS AUTODEFENSAS MICHOACANAS Y LOS PARAMILITARES DE COLOMBIA

 Guillermo Almeyra
Cuando a principios del siglo pasado llegó el ferrocarril a un rincón perdido del noreste brasileño, los habitantes de una aldea que estaba a tres días de cabalgata de la terminal ferroviaria enviaron al más despierto de la comunidad para que estudiase esa máquina de hierro que escupía fuego y les dijese cómo era. Al cabo de seis días el explorador volvió, pero sin saber cabalmente cómo contar lo que había visto a gente que no conocía otra máquina que la de coser. Por eso reflexionó y dijo: ¿Conocen la máquina Singer? Un coro de síes le respondió. Entonces pudo concluir su informe: “La locomotora es igual, pero completamente diferente…”
Como en el cuento, para muchos los paramilitares colombianos y las autodefensas son similares y responden por igual a la acción encubierta de la oligarquía local y de la contrainsurgencia estadunidense. Para los observadores superficiales esos ejércitos no oficiales podrían describirse por igual como grupos de hombres armados que buscan restaurar un orden subvertido. Pero resulta que ese orden, en México o en Colombia, tiene un signo opuesto. Porque los paramilitares colombianos quieren afirmar el poder de los terratenientes sobre los campesinos como señores de horca y cuchillo, verdugos y jueces, mientras que en México las comunidades y pueblos de Michoacán que forman sus autodefensas quieren en cambio acabar con las violencias, las violaciones, los saqueos, la tala de bosques, la prepotencia y la eliminación de las conquistas históricas de la reforma agraria realizada en los años 30 bajo el gobierno del michoacano Lázaro Cárdenas.
Mientras los paramilitares colombianos son ejércitos de mercenarios maniobrados por la mano oculta del poder capitalista y luchan contra los campesinos que en los años 50, en la llamada República de Marquetalia, dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) formando autodefensas contra la violencia antiliberal de los terratenientes conservadores que siguió al asesinato de Eliécer Gaitán y que causó más de 200 mil muertos, las autodefensas mexicanas luchan hoy contra una fuerza moderna y trasnacional, la de la droga, parte crecientemente importante del capital mundial, que busca sólo el lucro y no reconoce límites entre lo legal y lo ilegal y tiene su principal matriz en el mercado estadunidense y su principal estímulo en el Departamento de Estado desde la Segunda Guerra Mundial, con los plantíos de opio de la CIA en el sudeste asiático y su acuerdo con la mafia siciliana hasta el Irangate que financió con la droga a la contra en Nicaragua.
En una palabra, los paramilitares colombianos nacieron contrarrevolucionarios, mercenarios, anticampesinos y estuvieron siempre encuadrados por el ejército y por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, mientras que las autodefensas michoacanas nacieron de las comunidades y expresan la conciencia generalizada entre los campesinos de que entre el aparato estatal y las bandas de narcotraficantes hay conexiones y complicidades así como la desconfianza de masas en la capacidad y voluntad del aparato estatal capitalista de mantener las condiciones esenciales para la democracia y el trabajo honesto y pacífico. Por eso las FARC reclutaban campesinos y las comunidades odian a los paramilitares, mientras en Michoacán los campesinos integran las autodefensas y las poblaciones alimentan y agasajan a las autodefensas. Además, las autodefensas redistribuyeron a las comunidades campesinas las tierras que los narcos les habían robado, mientras que los paramilitares colombianos, en cambio, expulsaron más de 2 millones de campesinos tras robarles las tierras.
Si, por último, el Estado colombiano tuvo que tratar de desarmar a los paramilitares es porque éstos, con sus exacciones, empujaban a los jóvenes a convertirse en soldados de las FARC, cuya disolución sería imposible mientras en gran parte de Colombia imperase el terror blanco de la extrema derecha y de los terratenientes. El Estado mexicano, en cambio, desea desarmar a las autodefensas campesinas porque el fusil en manos de los trabajadores es la principal garantía de la democracia y porque la autorganización de los pueblos, la defensa de su territorio y la selección de nuevos líderes para la acción crea las condiciones para la autonomía local frente al Estado central, e incluso para el paso posible a la autogestión para reorganizar la economía popular y crea bases firmes de un poder popular.
Los medios capitalistas, que sostienen que toda movilización o rebelión popular responde sólo a la intervención y las maniobras de fuerzas ajenas a los indígenas y campesinos, porque éstos, según ellos, serían incapaces de crear instrumentos propios, y que siguen sin entender el zapatismo de Emiliano Zapata o el neozapatismo de Jaramillo y los continuadores de Zapata o del EZLN chiapaneco, tratan hoy de desprestigiar a las autodefensas y de confundir a las clases urbanas cuyo único alimento cultural es la bazofia que les sirve diariamente la televisión y la mayoría aplastante de las radios y de los diarios. Por eso insinúan que un líder de las autodefensas estuvo preso hace 38 años por vender mariguana. Ahora bien, en esos años no había aún un narcotráfico organizado, la mariguana en México circula libremente desde siempre y debería ser legal, como en Uruguay y, además, la gente puede cambiar mucho en casi 40 años. Pero lo fundamental es que toda ola social de fondo arrastra hacia la superficie y politiza a personas que fueron marginadas por un sistema tan marginalizador que 85 personas tienen una fortuna similar a la de 3 mil 500 millones de otros seres humanos. ¿Acaso José Doroteo Arango, alias Pancho Villa, era un niño de coro en las sacristías del norte? ¿Pero por qué se le recuerda? ¿Por el cuatrerismo o por su acción revolucionaria?

NUEVOS RETOS PARA LAS IZQUIERDAS

Octavio Rodríguez Araujo
En días pasados fui invitado a la reunión plenaria de los senadores perredistas. No pude asistir por razones de salud, pero he leído las notas que se han publicado sobre dicho encuentro. Más allá de lo expresado por el cura Solalinde, que en parte tiene razón, el gran problema de las izquierdas y de las llamadas tribus en el PRD es que 1) no se asumen plenamente como oposición al poder institucional y 2) no han querido entender el papel que deberían jugar para limitar ese poder en todo aquello que atenta contra la población mayoritaria y contra el país en su conjunto. Mientras no cumplan con estos dos mínimos requisitos para justificadamente llamarse de izquierda, el PRI y su cómplice blanquiazul seguirán haciendo de las suyas para favorecer sus intereses partidarios y los de aquellos que representan y por los cuales han podido ”gobernar” (las comillas son deliberadas).
En un artículo que envié para una publicación de mi centro de trabajo en la UNAM, preguntaba al inicio si es de izquierda un partido que establece pactos y alianzas con partidos y gobiernos de derecha. Y contestaba que es válido exclusivamente cuando existe una amenaza real de que organizaciones de ultraderecha puedan asumir el poder. Si no existe esta amenaza es absurdo que un partido de izquierda lo haga, incluso que lo intente. Y ciertamente dicha amenaza ultraderechista no existe ni hay vestigios de que pueda organizarse como ha ocurrido en varios países europeos.
La suscripción perredista del Pacto por México fue, por lo menos, ingenua, para no decir oportunista. Ingenua, porque todo mundo sabe, o debería saber, que quien tiene el poder no lo cede ni lo comparte gratuitamente con quienes supuestamente son de oposición y de izquierda. Oportunista, porque cualquiera que conozca la historia de las izquierdas, aquí y en otros países, sabe que al compartir el poder con un gobierno de derecha empieza y termina como subordinado de éste sin lograr influir en las decisiones fundamentales que son, por definición, las que más le interesan al poder para su ejercicio.
Querer cambiar las cosas desde dentro ha sido la trampa que se han montado todos los oportunistas para justificar sus malabarismos ideológicos y políticos para vivir del presupuesto. Cuando una persona es o se dice de izquierda, en el momento en que participa en las estructuras del poder institucional en manos de la derecha tiene que actuar en consonancia con ese poder, no puede ser permanentemente obstruccionista ni expresarse en contra de las decisiones tomadas más arriba: o se convierte en cómplice o se ve precisado a renunciar si quiere ser coherente con las ideas que le sirvieron para ser cooptado. Quien acepta ser cooptado es un oportunista o carente de principios sólidos. No es casualidad que en política cooptación y corrupción sean parientes conceptuales. Otra cosa, me adelanto a decir, es participar en el parlamento: éste es un foro donde se debaten ideas y proyectos y donde se dan luchas, a veces muy ásperas, por imponer o al menos contrarrestar determinadas leyes o reformas de éstas. Malo cuando los parlamentarios de izquierda se subordinan a la dirección de su partido previamente cooptada por el poder, en nuestro caso por la Presidencia de la República, y dejan pasar leyes contrarias a los intereses mayoritarios del país que dicen defender.
Un partido de izquierda (así se espera) debe ser más o menos congruente en su línea política de acción. No parece lógico que en 2012, antes de las elecciones federales, se planteara alianzas con el PAN para evitar que el PRI llegara a la Presidencia y al año siguiente hiciera alianza con éste ya en el poder. El resultado lo conocemos: el PRD fue utilizado por Peña Nieto para aprobar reformas y leyes que una organización de izquierda nunca debería aprobar: la energética en primer lugar, pero no la única. Al PAN no se le puede criticar por lo mismo que al PRD: ha sido cómplice de Salinas y de Zedillo, entre otras razones porque comparte la misma ideología. El partido del sol azteca, por lo visto, no entendió que las derechas, aunque tengan diferencias (pocas), se unen por la defensa de los intereses que representan. Sin embargo, participó y ahora, por más que sus dirigentes se hacen los arrepentidos, no faltan los que les embarran en la cara sus veleidades y traiciones, sabiendo que no tienen argumentos de defensa. Ni siquiera el hecho de haber abandonado el Pacto por México después de las aberraciones que aprobaron. Ahora, todos contritos, quieren revertir las reformas que dejaron pasar y aspiran a lograrlo –dicen– por la vía de fortalecerse, unirse y ganar la mayoría de los diputados en 2015. ¿Tan desmemoriados serán los electores?
¿Fue, como dijo el dirigente del PRD, que la dispersión de la izquierda facilitara que Peña Nieto pudiera sacar adelante su reforma energética? ¿Si hubiera estado unida podría haberse evitado? La aritmética en el Congreso de la Unión dice que no. ¿Qué faltó entonces? En mi modesta opinión, armar una gran protesta nacional, una movilización monstruo en contra, recurrir al pueblo. ¿Podía hacerlo cuando el PRD estaba en la mesa del Pacto por México? ¿Quién le hubiera creído?
Se dice que la izquierda debe unirse. Muy bien, sí. Pero, ¿con qué principios y programa? ¿Con qué estrategia? ¿Sin movilizaciones sociales previas o sólo entre dirigentes? Si es esto último puedo pronosticar un nuevo fracaso. Lo que le ha faltado a las izquierdas mexicanas (y no sólo en los últimos años) es ligarse al pueblo y a sus demandas, escucharlo y defenderlo de las políticas del poder. Sin el pueblo no hay unidad que valga, ni siquiera para ganar la mayoría en el Congreso.

domingo, 1 de diciembre de 2013

HONDURAS: LAS ELECCIONES EN LOS SEMIESTADOS

HONDURAS, PARALELISMO CON MÉXICO
La cerrazón de la alianza que gobierna México, encabezada por Peña Nieto y su partido (PRI), denominada Pacto por México, paso a paso ha provocado la respuesta del pueblo trabajador organizado. Hoy presentamos un artículo de Guillermo Almeyra quien encuentra un enorme paralelismo, que no igualdad, en los procesos de nuestro país y Honduras. Los hechos en el expuestos nos deben llevar a una reflexión profunda.
Obrador (México) y Celaya-Xiomara Castro (Honduras) y las movilizaciones multitudinarias como respuesta al fraude electoral son de un paralelismo extraordinario, no sólo en las formas de organización; sino también en los resultados obtenidos. De ello surge la conclusión de no encajonar la respuesta popular en lo electoral y el cretinismo parlamentario y jurídico. En Socialismo Revolucionario México consideramos que, si bien se debe incidir en todos los planos de la actividad política, la cerrazón del gobierno empresarial y la claridad cada vez mayor del movimiento social de quién es el enemigo, nos lleva a señalar que en este momento, sin descartarla del todo, no se debe privilegiar la vía electoral o jurídica. Hoy la denuncia pública en las calles de la crisis económica, el desempleo, la falsa guerra al narco y los miles de muertos, el desempleo, los bajos salarios, la falta de apoyo al campo, el enriquecimiento de una minoría de empresarios, la carestía, las reformas estructurales, etc. que se está haciendo recaer en el pueblo trabajador, debe hacerse por todos los medios, pero esta denuncia debe ser acompañada con el llamado a la organización y a la movilización social como una prioridad. Los trabajadores de la educación con la CNTE al frente nos señalan el camino correcto.
En Socialismo Revolucionario México (SRM) presentamos el artículo de Guillermo Almeyra como una parte de la reflexión tan necesaria que debemos hacer los trabajadores para frenar y en su caso cambiar el gobierno empresarial por uno de trabajadores.

Guillermo Almeyra  [1]
El de Honduras, como el de México, es un semiestado. Todo se decide en el gobierno con el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, la economía descansa en las divisas resultantes de las remesas de los emigrados, es decir, en la exportación de brazos y sangre humana. Además, el país fue utilizado primero por Washington como base contra la revolución cubana, después contra la revolución y el gobierno sandinistas, y Estados Unidos ahora, desde la gran base en Palmerola y otras dos bases militares más en Honduras, amenaza a Cuba y a Venezuela, domina Centroamérica y se prepara para intervenir en Colombia, donde el proceso de paz con las FARC y la división entre Uribe y Santos hipotecan la Alianza para el Pacífico, que también está debilitada por la derrota de la derecha en Chile. El aparato estatal está en manos de 15 familias cuyo Poder Ejecutivo cedió a las trasnacionales enteras zonas del territorio donde no rigen las leyes del país, tal como en México hizo Calderón con los aparatos de espionaje estadunidenses, que fijaban las prioridades en la represión (no sólo contra el narcotráfico).
Las elecciones hondureñas de este 24 de noviembre, como las de México en 1988, 2006 y 2012, fueron una farsa y los dueños del poder impusieron en ellas a Juan Orlando Hernández para perpetuar y perfeccionar las medidas antipopulares instauradas con el golpe de Estado yanqui-oligárquico contra Manuel Zelaya y, después, por el gobierno de Porfirio Lobo, continuador de la dictadura.
Las movilizaciones contra la dictadura, primero, y a favor de la candidatura de Xiomara Castro y su Partido Libre, después, fueron permanentes y masivas. Los trabajadores y el pueblo hondureños resistieron valientemente al golpe y a la oligarquía y transformaron su Frente Nacional de Resistencia Popular, apoyado en movimientos como Vía Campesina, en la fórmula electoral del Partido Libre. Tanto en la acción, con sus movilizaciones, como en la campaña electoral, trataron de modificar la relación de fuerzas actual. Ganaron así el apoyo de vastos sectores de las clases medias urbanas, empezando por los estudiantes, que luchan hoy contra el fraude. El pueblo hondureño, con gran madurez y tratando de evitar la violencia estatal, cumplió con su deber cívico. Incluso causó la fractura del bloque de los grandes oligarcas, pues algunos de éstos temen lo que podría suceder si el gobierno ilegítimo de Hernández intentase continuar impunemente con la política que la embajada yanqui dicta a sus servidores y socios menores locales y contase sólo con las fuerzas de represión.
Las movilizaciones contra el fraude se mantendrán, serán muy grandes y abarcarán también a los sectores de las clases medias urbanas y rurales que votaron por el Partido contra la Corrupción e incluso a sectores del electorado del Partido Liberal. Porque el fraude fue evidente, descarado, aunque Daniel Ortega reconozca y salude a su beneficiario y la Alba no se pronuncie al respecto. El presidente saliente, Porfirio Lobo volcó, en efecto, el peso del aparato estatal a favor de su partido, el Nacional, y del candidato de éste, Hernández. La prensa en manos de la oligarquía desinformó todos los días y ninguneó la campaña y las posiciones de Xiomara Castro, silenciando además los terribles efectos sociales de la política neoliberal y el control de Honduras por la embajada estadunidense, que intervino permanentemente en la campaña electoral.
El Partido Libre (y el Partido contra la Corrupción) impugnó el resultado electoral fraudulento y llama a movilizarse en el plano legal para respaldar su reclamo. Xiomara Castro y Manuel Zelaya se conforman con el hecho de que el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento e intentan impedir que las ocupaciones universitarias desencadenen tomas de tierras o estallidos populares, mientras por su parte los votantes del Partido Libre se autoconvocaron para la lucha y sienten que sólo ella puede obligar a ceder al gobierno del Partido Nacional.
En un semiestado que funciona como una colonia de Estados Unidos apenas disfrazada, la legalidad es una ficción y el Parlamento apenas si sirve como tribuna secundaria para las protestas y las exigencias populares, ya que sólo refrenda las decisiones que se toman en Washington y en unos pocos escritorios. Una cosa es utilizar todos los espacios y las oportunidades, electorales o jurídicas, de esa seudolegalidad, y otra es creer que los papeles, las instancias legales y las declaraciones pueden modificar las relaciones de fuerzas como si se estuviera en Suecia.
Es correcto utilizar la disputa electoral para ampliar el alcance de la propaganda y crear bases organizativas en todo el país. Es necesario evitar mientras se pueda una lucha sangrienta y desigual contra las fuerzas represivas, y ganar aliados, fuerzas y posiciones apoyándose en la legitimidad del propio triunfo y del propio comportamiento. Es indispensable que los usurpadores aparezcan ante todos como tales para demostrar que no queda otro camino que derribarlos. Pero la difusión de ilusiones sobre la efectividad de las protestas en los marcos que fijan los usurpadores y sobre la posibilidad de usar contra éstos los puestos en instituciones que carecen de todo poder real desarma y divide la resistencia de masas.
El cretinismo jurídico-parlamentario respetuoso de un régimen que es apenas una dictadura del capital sostiene a éste más que la fuerza del ejército. Porque una lucha revolucionaria divide y desmoraliza a los soldados y policías, mientras que la claudicación de quienes aparecen como dirigentes de las luchas populares, en cambio, debilita a los trabajadores, que son los únicos que pueden expulsar del poder al imperialismo y la oligarquía. Hay situaciones en las que sólo la resistencia civil y la sublevación popular pueden garantizar la justicia, la legalidad y la independencia nacional.


[1] LA JORNADA 1 de diciembre de 2013.

jueves, 20 de junio de 2013

NUEVO CANAL INTEROCEANICO EN NICARAGUA.

NICARAGUA: LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL Y LAS REALES LIMITACIONES A LA SOBERANÍA.
PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)  [1]
Sebastián Chavarría Domínguez
El Presidente Daniel Ortega ha resucitado la vieja ilusión de construcción del Canal interoceánico por Nicaragua, creando expectativas de progreso entre los pobres y generando críticas y escepticismo por parte de la oposición burguesa.
Ley No 800
Hace un año, el 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, a iniciativa del presidente Daniel Ortega, la Ley No 800, “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal interoceánico de Nicaragua” que concebía el proyecto de construcción del canal con la participación del 51% de las acciones a favor del Estado de Nicaragua y creaba la “Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”, como el ente estatal regulador y vigilante de dicho proyecto. En esa ocasión, los diputados de la oposición burguesa votaron junto al FSLN.
El 5 de septiembre del 2012, de manera discreta, la empresa china Nicaragua Canal Development Investment (HKND), firmó un memorándum de entendimiento con la Autoridad del Gran Canal, pero tema de la construcción del Canal volvió a caer en el olvido, hasta el pasado 18 de Mayo, cuando el Presidente Daniel Ortega dio a conocer que el proyecto de construcción del Canal interoceánico finalmente se realizaría a un costo de 40,000 millones de dólares, aclarando que ya no se realizaría por el rio San Juan.
Ortega anunció que la construcción del Canal estaría a cargo de la “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructura S.A. (EDGI)”, recientemente creada en Nicaragua, ligada a la también desconocida empresa china HKND, cuyo principal ejecutivo es el empresario chino Wang Jing, residente en Pekín, director de la empresa de telefonía celular Xinwei  a la que recientemente TELCOR otorgó una concesión para operar.
Nueva Ley Especial
El pasado 5 de Junio, el Presidente Daniel Ortega envió con carácter de urgencia dos proyectos de ley, uno de ellos para otorgar la concesión del canal interoceánico a favor de la empresa HKND, este último fue aprobado aceleradamente el 13 de Junio, por la aplastante mayoría de diputados del FSLN.
René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional, defendió el proyecto de la nueva “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense, Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados”, argumentando que la empresa designada es de China Continental, y que es “una entidad industrial que agrupa un conjunto de inversores donde están metidos diversos países de varias áreas de América Latina y de otros continentes”. (Nuevo Diario, 6/6/2013)
Esta nueva Ley Especial es un retroceso en relación a la Ley No 800, que garantizaba el control del Estado de Nicaragua sobre el 51% de acciones de la concesión canalera. Ahora, con la Ley Especial, el proyecto queda en manos de inversionistas privados.
El mega proyecto de construcción del Gran Canal Interoceánico es un conjunto de 10 subproyectos que incluye el establecimiento de dos zonas de libre comercio con sus respectivos aeropuertos internacionales, la construcción de un oleoducto que permita trasegar combustible de un océano al otro, la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico y otro en el Caribe, y un Canal Seco que trasladaría mercancías a través del ferrocarril.
La Ley Especial otorga una concesión por 50 años, prorrogables por otros 50 años más.En adelante, el proyecto canalero ya no sería supervisado por Autoridad del Canal sino por una Comisión Especial, con autonomía técnica, administrativa y financiera. La Autoridad del Canal sería un miembro más dentro de esa Comisión Especial.
La concesión contempla derechos irrestrictos sobre el uso de la tierra,  espacio aéreo y marítimo, de almacenamiento y extracción de recursos naturales, pero sin fijar los límites territoriales de la concesión, lo que ha exacerbado los sentimientos nacionalistas y las críticas de entrega de la soberanía nacional. Además, como garantía de la inversión, el concesionario exige la renuncia a la inmunidad soberana de sus reservas monetarias del Estado de Nicaragua colocadas en bancos extranjeros, de manera que sirva de garantía en caso de conflictos en los tribunales internacionales.
Las tarifas de peaje de los usuarios del Canal – no queda claro si es seco o de agua- serían fijadas por el concesionario, no por el gobierno de Nicaragua. En el proceso inicial de estudios de factibilidad y construcción, el concesionaria aportaría 10 millones de dólares anuales a favor del gobierno durante los primeros 10 años, una cantidad ridícula si tomamos en cuenta el monto total de 40,000 millones.
Concesiones, ilusiones y limitaciones
Con estas terribles concesiones, que obviamente limitan la soberanía nacional sobre un proyectivo estratégico, el gobierno sandinista pretende alentar a los inversionistas privados para que el estudio de factibilidad del canal interoceánico esté listo para Mayo del 2014. Paul Oquist, secretario privado de Daniel Ortega, justificó las concesiones realizadas, porque la construcción del Canal elevaría el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, de un 5% a 10,8% en 2014 y hasta un 15% en 2015. El empleo formal pasaría de 623,458 personas que existen en la actualidad a 1.9 millones, acabando con el crónico desempleo.
La magnitud del proyecto ha generado grandes expectativas. No obstante, Manuel Coronel Kautz, principal ejecutivo de la Autoridad del Gran Canal, reconoció las enormes dificultades al afirmar que “Nicaragua no está en capacidad de estructurar un organismo” (empresa) que sea capaz de realizar una obra como la construcción del Gran Canal Interoceánico, y que por lo tanto, inevitablemente, tiene que haber personal extranjero. Tenemos que ir a buscar empresas enormes que hagan este proyecto, este proyecto no lo podemos hacer nosotros, ojalá que pudiéramos”. (Nuevo Diario, 11/6/2013)
Lo anterior es un reconocimiento que la débil burguesía nicaragüense, no será un componente fundamental en la construcción del Canal, y que el negocio seria para las empresas transnacionales.
Los alaridos de la oposición
La oposición burguesa parlamentaria, conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), apenas conoció la urgencia de aprobar el proyecto de nueva Ley Especial, minimizó el asunto afirmando que se trataba de una nueva maniobra política del sandinismo, pero después, comprendiendo la importancia del tema y las expectativas que ha creado en la población pobre en torno a una inagotable fuente de empleos, dio un bandazo y comenzó a agitar la consigna de referendo para decidir un asunto tan importante.
El diputado Eliseo Núñez del PLI afirmó que es “todo un teatro para generar esperanza en momentos que vienen crisis como la del café, los frijoles y comienza la economía a ralentizarse y ellos quieren sembrar algo que diga que hay esperanza”. (La Prensa, 5/6/2013)
Dos días después, también declaró que la Ley No 800 “entrega la soberanía del país sin saber por dónde va a pasar el Canal, cuánto va a costar y cuál será su impacto ecológico y cuánto tiempo va a tardar la construcción del mismo”. (La Prensa, 7/6/2013)
Eduardo Montealegre, diputado del PLI, criticó que la nueva Ley Especial porque “viola la soberanía nacional, ya que le otorga poderes absolutos al concesionario, al extremo que el Estado de Nicaragua no lo puede demandar por ninguna razón” (La Prensa, 7/6/2013)
Dora María Téllez, dirigente del MRS, fue mucho más agresiva al declarar que “a este tipo de politiqueros, como la familia Ortega Murillo, es a quienes Sandino llamaba vendepatrias (…) no es una concesión, es un robo de soberanía, los derechos y bienes de los nicaragüenses”.(La Prensa, 7/6/2013)
El ala más radical de oposición al gobierno de Daniel Ortega es, sin lugar a dudas, el MRS el que contrapone los orígenes antiimperialistas del FSLN con las decisiones actuales del presidente Ortega. Los diputados del MRS compararon la Ley No 800 con el tristemente célebre tratado Chamorro-Bryan del año 1914, cuando los conservadores, bajo la ocupación militar norteamericana, otorgaron una concesión canalera al gobierno de Estados Unidos, pero para que nadie más construyera un canal que compitiera con el de Panamá. El dictador Anastasio Somoza Debayle abrogó el tratado Chamorro-Bryan en 1974, dejando abierta la posibilidad de construir el Canal en un futuro indeterminado, lo que provocó la enemistad del general Omar Torrijos, que en ese momento negociaba la devolución del Canal con la administración Carter, y que aquel apoyara la lucha guerrillera del FSLN contra Somoza.
La Coordinadora Civil se sumó a las criticas, declarando que “siendo este un proyecto de gran envergadura, cuyo impacto positivo y negativo va afectar la vida de toda la nación, la ciudadanía debe y tiene el derecho de ser consultada y participar de la decisión, haciendo uso de la democracia directa a través de un referéndum”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
No obstante, en las condiciones actuales, dadas las expectativas creadas en torno a la generación de empleos, cualquier referendo podría ser ganado por el FSLN, quien aparece como el gran impulsor del proyecto de construcción del canal interoceánico.
La posición de Estados Unidos
Hasta el momento no se conoce ninguna posición oficial de rechazo o de apoyo de la administración Obama, en torno a la posible construcción del Canal interoceánico en Nicaragua.
Phyllis M. Powers, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, “No tengo suficiente información sobre el canal, estoy leyendo lo que ustedes están leyendo en la prensa, la idea es muy interesante pero no sé qué tipos de estudios han hecho o van a hacer. Como todos, estoy esperando lo que van a hacer y qué dicen los estudios sobre factibilidad”. (Nuevo Diario, 7/6/2013)
Nicaragua está ubicada dentro del área de influencia directa de los Estados Unidos y es muy poco probable que el imperialismo norteamericano se quede con los brazos cruzados ante la incursión del naciente imperialismo chino en su patio trasero, salvo que haya participación de empresas norteamericanas y que quede establecido el no uso militar de las instalaciones del canal.
Temores de empresarios nicaragüenses
Con la aprobación de la nueva Ley Especial, los empresarios nicaragüenses quedaron fuera del gran negocio, ya que las obras serian realizadas por empresas extranjeras.
La posible construcción del canal interoceánico generaría un vorágine especulativa en torno al precio de los terrenos donde se construiría el megaproyecto, por eso los débiles empresarios nicaragüenses presionan por quedarse al menos con una pequeña tajada del pastel.
José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),concentró sus preocupaciones sobre las expropiaciones: “Observamos que por esa iniciativa se establece una nueva ley de expropiación en franca oposición a lo que establece el artículo 44 de la Constitución Política (…) Nuestro planteamiento es que se respete la legislación vigente”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
El COSEP quiere que se respete la “justa indemnización” contemplada en el artículo 44 de la Constitución, aunque la Ley de Expropiaciones del año 1976 contempla que al momento de expropiar se toma como base el valor del catastro fiscal.
Otra de las críticas del COSEP ha sido que el gobierno no fijó las áreas de la concesión. Aquirre lamentó  que “Nicaragua entera estaría bajo concesión y eso podría atrasar los procesos de inversión en el país”.
Por su parte, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES),en un tono menos quejumbroso, planteó que “dada su complejidad, la duración de la concesión y la transcendencia que tiene para todos los nicaragüenses, este proyecto merece ser discutido y aclarado plenamente, buscando el más amplio consenso nacional. No contribuye al consenso ni a la democracia participativa pretender que sea aprobado por la honorable Asamblea Nacional con solo dos días de consulta”. (Nuevo Diario, 12/6/2013)
Optimismo del gobierno y de HKC
El 15 de Junio se formalizó en un acto público, con la presencia de Daniel Ortega y  Wang Jing, la concesión canalera a favor de la empresa HKND. El portavoz de HKND es nada menos que Ronald Maclean-Abaroa, quien fue  alcalde de La Paz, Bolivia, de 1985 a 1991, y quien es conocido por impulsar grandes proyectos modernizantes.
Maclean-Abaroa, aclarando dudas, dijo que “se trata de un gran proyecto que tiene el potencial de transformar el comercio internacional y traer importantes beneficios económicos y sociales a Nicaragua, sus vecinos y Latinoamérica (…) Nicaragua tiene la oportunidad de transformar totalmente su economía (…) Este proyecto será un catalizador para el crecimiento económico de Centroamérica (…) Nicaragua está dando una concesión para que le construyan un Canal que es suyo. Es suyo desde el principio, está en el territorio nicaragüense. Nosotros solo tenemos una concesión, pero tenemos un privilegio: 50 años para su explotación. Ese es el tiempo mínimo que necesitamos para recuperar una inversión de esa magnitud. Tenemos que hacer pasar muchos barcos para repagarla. (…) Al cabo de la concesión, 50 años, Nicaragua tendrá el 51% de propiedad. Si se extiende la concesión, terminamos 90% de Nicaragua y 10% nosotros”. (Nuevo Diario, 16/6/2013)
¿CUÁL DEBE SER LA POSICIÓN DE LOS TRABAJADORES?
Todavía no está claro si el Canal será construido o si se trata de un proyecto fallido más. Sin embargo, los trabajadores debemos tomar una posición al respecto.
Los sindicatos controlados por el FSLN ya tomaron partido de forma incondicional a favor del gobierno sandinista. La Central Sandinista de Trabajadores (CST), y la Coordinadora Sindical, conformaron “un frente sindical de organizaciones de trabajadores sandinistas y no sandinistas, asumiendo una posición patriótica a favor” de la Ley Especial. (Nuevo Diario, 13/6/2013)
No cabe la menor duda que la construcción del canal solo será posible a costa de la entrega de la soberanía nacional. Es el precio que exigen las transnacionales que tienen el dinero disponible. Esta pobreza y falta de recursos es una consecuencia directa del saqueo imperialista. Es igualmente difícil negar los beneficios que podría traer una obra de tal envergadura.
Bajo un gobierno “neoliberal social” como el de Daniel Ortega la soberanía nacional está en peligro permanente. El equilibrio que se necesita entre defender la soberanía nacional y obtener los recursos necesarios para impulsar la construcción del Canal, solo lo puede lograr un Estado y un gobierno en mano de los trabajadores.
La clave siempre está en el control que los trabajadores podamos ejercer en la concesión, y ejecución del proyecto. Pero esta pelea no es solo de los trabajadores nicaragüenses sino de todos los trabajadores centroamericanos. La construcción del Canal en Nicaragua tendrá repercusiones en todos nuestros países. La discusión está abierta.






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