EN AMPARO, OTORGAN SUSUPENSION PROVISIONAL Y EN ACUERDO POLÍTICO LA CAMARA DE DIPUTADOS DICE NO A LOS DESPIDOS
La respuesta del Sindicato minero-metalúrgico y la solidaridad han dejado sentir de manera inmediata su fuerza. Así encontramos que se ha otorgado la suspensión provisional en vía de amparo contra las ilegales y torpes decisiones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). La empresa no podrá despedir a los trabajadores huelguistas mientras dure la suspensión provisional y se tramita el juicio de amparo.
Lo anterior es un pequeño triunfo legal de los huelguistas. Un triunfo en una guerra prolongada que lleva ya más de 22 meses y que da un respiro, pero que no debe crear confianza excesiva en la Suprema Corte, cuyos ministros ya han demostrado un odio profundo contra los trabajadores, como se demuestra en las sentencias de los amparos contra la nueva Ley del ISSSTE de 2007 y 2008.
Otro triunfo, es el acuerdo de la junta de coordinación política de la cámara de diputados federales a propuesta del diputado José Antonio Almazán del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La junta de coordinación política de la cámara de diputados federales, acordó el siguiente Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el conflicto suscitado por el estallamiento de huelga en la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, impere el respeto del derecho de huelga previsto en la fracción XVII del Apartado A del artículo 123 constitucional, así como en la Ley Federal del Trabajo, y se privilegie la vía del diálogo para su resolución. Asimismo, se pronuncia en contra de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo de los mil 200 trabajadores de la empresa minera, determinada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y contra el uso de la fuerza en este conflicto. Palacio Legislativo, México Distrito Federal, a 15 de abril de 2009.
Este acuerdo político es un golpe a la intransigencia del gobierno federal. Acuerdo que incluso firmo el coordinador de los diputados del PAN, partido al que pertenecen todos los funcionarios que han actuado contra los mineros.
La respuesta del Sindicato minero-metalúrgico y la solidaridad han dejado sentir de manera inmediata su fuerza. Así encontramos que se ha otorgado la suspensión provisional en vía de amparo contra las ilegales y torpes decisiones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). La empresa no podrá despedir a los trabajadores huelguistas mientras dure la suspensión provisional y se tramita el juicio de amparo.
Lo anterior es un pequeño triunfo legal de los huelguistas. Un triunfo en una guerra prolongada que lleva ya más de 22 meses y que da un respiro, pero que no debe crear confianza excesiva en la Suprema Corte, cuyos ministros ya han demostrado un odio profundo contra los trabajadores, como se demuestra en las sentencias de los amparos contra la nueva Ley del ISSSTE de 2007 y 2008.
Otro triunfo, es el acuerdo de la junta de coordinación política de la cámara de diputados federales a propuesta del diputado José Antonio Almazán del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La junta de coordinación política de la cámara de diputados federales, acordó el siguiente Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el conflicto suscitado por el estallamiento de huelga en la empresa Mexicana de Cananea, SA de CV, impere el respeto del derecho de huelga previsto en la fracción XVII del Apartado A del artículo 123 constitucional, así como en la Ley Federal del Trabajo, y se privilegie la vía del diálogo para su resolución. Asimismo, se pronuncia en contra de la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo de los mil 200 trabajadores de la empresa minera, determinada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y contra el uso de la fuerza en este conflicto. Palacio Legislativo, México Distrito Federal, a 15 de abril de 2009.
Este acuerdo político es un golpe a la intransigencia del gobierno federal. Acuerdo que incluso firmo el coordinador de los diputados del PAN, partido al que pertenecen todos los funcionarios que han actuado contra los mineros.
