NICARAGUA: LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL Y LAS REALES
LIMITACIONES A LA SOBERANÍA.
PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO
(PSOCA) [1]
Sebastián Chavarría Domínguez
El Presidente Daniel Ortega ha resucitado la vieja ilusión
de construcción del Canal interoceánico por Nicaragua, creando expectativas de
progreso entre los pobres y generando críticas y escepticismo por parte de la
oposición burguesa.
Ley No 800
Hace un año, el 3 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de
Nicaragua aprobó, a iniciativa del presidente Daniel Ortega, la Ley No 800, “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal
interoceánico de Nicaragua” que concebía el proyecto de
construcción del canal con la participación del 51% de las acciones a favor del
Estado de Nicaragua y creaba la “Autoridad del Gran Canal Interoceánico de
Nicaragua”, como el ente estatal regulador y vigilante de dicho proyecto. En
esa ocasión, los diputados de la oposición burguesa votaron junto al FSLN.
El 5 de septiembre del 2012, de manera discreta, la empresa
china Nicaragua Canal Development Investment (HKND), firmó un memorándum de entendimiento con la Autoridad del
Gran Canal, pero tema de la construcción del Canal volvió a caer en el olvido,
hasta el pasado 18 de Mayo, cuando el Presidente Daniel Ortega dio a conocer
que el proyecto de construcción del Canal interoceánico finalmente se
realizaría a un costo de 40,000 millones de dólares, aclarando que ya no se
realizaría por el rio San Juan.
Ortega anunció que la construcción del Canal estaría a cargo
de la “Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructura S.A. (EDGI)”, recientemente creada en
Nicaragua, ligada a la también desconocida empresa china HKND, cuyo principal ejecutivo es el
empresario chino Wang Jing, residente en Pekín, director de la empresa de
telefonía celular Xinwei a la que recientemente TELCOR
otorgó una concesión para operar.
Nueva Ley Especial
El pasado 5 de Junio, el Presidente Daniel Ortega envió con
carácter de urgencia dos proyectos de ley, uno de ellos para otorgar la
concesión del canal interoceánico a favor de la empresa HKND, este último fue aprobado
aceleradamente el 13 de Junio, por la aplastante mayoría de diputados del FSLN.
René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional,
defendió el proyecto de la nueva “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura
y Transporte Nicaragüense, Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e
Infraestructura Asociados”, argumentando que la empresa
designada es de China Continental, y que es “una entidad industrial que
agrupa un conjunto de inversores donde están metidos diversos países de varias
áreas de América Latina y de otros continentes”. (Nuevo Diario, 6/6/2013)
Esta nueva Ley Especial
es un retroceso en relación a la Ley No
800, que garantizaba
el control del Estado de Nicaragua sobre el 51% de acciones de la concesión
canalera. Ahora, con la Ley
Especial, el proyecto queda en manos de inversionistas
privados.
El mega proyecto de construcción del Gran Canal
Interoceánico es un conjunto de 10 subproyectos que incluye el establecimiento
de dos zonas de libre comercio con sus respectivos aeropuertos internacionales,
la construcción de un oleoducto que permita trasegar combustible de un océano
al otro, la construcción de dos puertos de aguas profundas, uno en el Pacífico
y otro en el Caribe, y un Canal Seco que trasladaría mercancías a través del
ferrocarril.
La Ley
Especial otorga
una concesión por 50 años, prorrogables por otros 50 años más.En adelante, el
proyecto canalero ya no sería supervisado por Autoridad
del Canal sino
por una Comisión
Especial, con autonomía técnica, administrativa y financiera.
La Autoridad
del Canal sería
un miembro más dentro de esa Comisión
Especial.
La concesión contempla derechos irrestrictos sobre el uso de
la tierra, espacio aéreo y marítimo, de almacenamiento y extracción de
recursos naturales, pero sin fijar los límites territoriales de la concesión,
lo que ha exacerbado los sentimientos nacionalistas y las críticas de entrega
de la soberanía nacional. Además, como garantía de la inversión, el
concesionario exige la renuncia a la inmunidad soberana de sus reservas
monetarias del Estado de Nicaragua colocadas en bancos extranjeros, de manera
que sirva de garantía en caso de conflictos en los tribunales internacionales.
Las tarifas de peaje de los usuarios del Canal – no queda
claro si es seco o de agua- serían fijadas por el concesionario, no por el
gobierno de Nicaragua. En el proceso inicial de estudios de factibilidad y
construcción, el concesionaria aportaría 10 millones de dólares anuales a favor
del gobierno durante los primeros 10 años, una cantidad ridícula si tomamos en
cuenta el monto total de 40,000 millones.
Concesiones, ilusiones y limitaciones
Con estas terribles concesiones, que obviamente limitan la soberanía
nacional sobre un proyectivo estratégico, el gobierno sandinista pretende
alentar a los inversionistas privados para que el estudio de factibilidad del
canal interoceánico esté listo para Mayo del 2014. Paul Oquist, secretario
privado de Daniel Ortega, justificó las concesiones realizadas, porque la
construcción del Canal elevaría el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua,
de un 5% a 10,8% en 2014 y hasta un 15% en 2015. El empleo formal pasaría de
623,458 personas que existen en la actualidad a 1.9 millones, acabando con el
crónico desempleo.
La magnitud del proyecto ha generado grandes expectativas.
No obstante, Manuel Coronel Kautz, principal ejecutivo de la Autoridad del Gran
Canal, reconoció las enormes dificultades al afirmar que “Nicaragua no está en
capacidad de estructurar un organismo” (empresa) que sea capaz de realizar una
obra como la construcción del Gran Canal Interoceánico, y que por lo tanto,
inevitablemente, tiene que haber personal extranjero. Tenemos que ir a buscar
empresas enormes que hagan este proyecto, este proyecto no lo podemos hacer
nosotros, ojalá que pudiéramos”. (Nuevo Diario, 11/6/2013)
Lo anterior es un reconocimiento que la débil burguesía
nicaragüense, no será un componente fundamental en la construcción del Canal, y
que el negocio seria para las empresas transnacionales.
Los alaridos de la oposición
La oposición burguesa parlamentaria, conformada por el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), apenas
conoció la urgencia de aprobar el proyecto de nueva Ley Especial, minimizó el asunto
afirmando que se trataba de una nueva maniobra política del sandinismo, pero
después, comprendiendo la importancia del tema y las expectativas que ha creado
en la población pobre en torno a una inagotable fuente de empleos, dio un
bandazo y comenzó a agitar la consigna de referendo para decidir un asunto tan
importante.
El diputado Eliseo Núñez del PLI afirmó que es “todo un
teatro para generar esperanza en momentos que vienen crisis como la del café,
los frijoles y comienza la economía a ralentizarse y ellos quieren sembrar algo
que diga que hay esperanza”. (La Prensa, 5/6/2013)
Dos días después, también declaró que la Ley No 800 “entrega
la soberanía del país sin saber por dónde va a pasar el Canal, cuánto va a
costar y cuál será su impacto ecológico y cuánto tiempo va a tardar la
construcción del mismo”. (La Prensa, 7/6/2013)
Eduardo Montealegre, diputado del PLI, criticó que la nueva
Ley Especial porque “viola la soberanía nacional, ya que le otorga poderes
absolutos al concesionario, al extremo que el Estado de Nicaragua no lo puede
demandar por ninguna razón” (La Prensa, 7/6/2013)
Dora María Téllez, dirigente del MRS, fue mucho más agresiva
al declarar que “a este tipo de politiqueros, como la familia Ortega Murillo,
es a quienes Sandino llamaba vendepatrias (…) no es una concesión, es un robo
de soberanía, los derechos y bienes de los nicaragüenses”.(La Prensa, 7/6/2013)
El ala más radical de oposición al gobierno de Daniel Ortega
es, sin lugar a dudas, el MRS el que contrapone los orígenes antiimperialistas
del FSLN con las decisiones actuales del presidente Ortega. Los diputados del
MRS compararon la Ley No
800 con el
tristemente célebre tratado Chamorro-Bryan del año 1914, cuando los conservadores,
bajo la ocupación militar norteamericana, otorgaron una concesión canalera al
gobierno de Estados Unidos, pero para que nadie más construyera un canal que
compitiera con el de Panamá. El dictador Anastasio Somoza Debayle abrogó el
tratado Chamorro-Bryan en 1974, dejando abierta la posibilidad de construir el
Canal en un futuro indeterminado, lo que provocó la enemistad del general Omar
Torrijos, que en ese momento negociaba la devolución del Canal con la
administración Carter, y que aquel apoyara la lucha guerrillera del FSLN contra
Somoza.
La Coordinadora Civil se sumó a las criticas, declarando que
“siendo este un proyecto de gran envergadura, cuyo impacto positivo y negativo
va afectar la vida de toda la nación, la ciudadanía debe y tiene el derecho de
ser consultada y participar de la decisión, haciendo uso de la democracia
directa a través de un referéndum”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
No obstante, en las condiciones actuales, dadas las
expectativas creadas en torno a la generación de empleos, cualquier referendo
podría ser ganado por el FSLN, quien aparece como el gran impulsor del proyecto
de construcción del canal interoceánico.
La posición de Estados Unidos
Hasta el momento no se conoce ninguna posición oficial de
rechazo o de apoyo de la administración Obama, en torno a la posible
construcción del Canal interoceánico en Nicaragua.
Phyllis M. Powers, embajadora de Estados Unidos en
Nicaragua, “No tengo suficiente información sobre el canal, estoy leyendo lo
que ustedes están leyendo en la prensa, la idea es muy interesante pero no sé
qué tipos de estudios han hecho o van a hacer. Como todos, estoy esperando lo
que van a hacer y qué dicen los estudios sobre factibilidad”. (Nuevo Diario,
7/6/2013)
Nicaragua está ubicada dentro del área de influencia directa
de los Estados Unidos y es muy poco probable que el imperialismo norteamericano
se quede con los brazos cruzados ante la incursión del naciente imperialismo
chino en su patio trasero, salvo que haya participación de empresas
norteamericanas y que quede establecido el no uso militar de las instalaciones
del canal.
Temores de empresarios nicaragüenses
Con la aprobación de la nueva Ley Especial, los empresarios
nicaragüenses quedaron fuera del gran negocio, ya que las obras serian
realizadas por empresas extranjeras.
La posible construcción del canal interoceánico generaría un
vorágine especulativa en torno al precio de los terrenos donde se construiría
el megaproyecto, por eso los débiles empresarios nicaragüenses presionan por
quedarse al menos con una pequeña tajada del pastel.
José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),concentró
sus preocupaciones sobre las expropiaciones: “Observamos que por esa iniciativa
se establece una nueva ley de expropiación en franca oposición a lo que
establece el artículo 44 de la Constitución Política (…) Nuestro planteamiento
es que se respete la legislación vigente”.(Nuevo Diario, 13/6/2013)
El COSEP quiere que se respete la “justa indemnización”
contemplada en el artículo 44 de la Constitución, aunque la Ley de
Expropiaciones del año 1976 contempla que al momento de expropiar se toma como
base el valor del catastro fiscal.
Otra de las críticas del COSEP ha sido que el gobierno no
fijó las áreas de la concesión. Aquirre lamentó que “Nicaragua entera
estaría bajo concesión y eso podría atrasar los procesos de inversión en el
país”.
Por su parte, la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES),en
un tono menos quejumbroso, planteó que “dada su complejidad, la duración de la
concesión y la transcendencia que tiene para todos los nicaragüenses, este
proyecto merece ser discutido y aclarado plenamente, buscando el más amplio
consenso nacional. No contribuye al consenso ni a la democracia participativa
pretender que sea aprobado por la honorable Asamblea Nacional con solo dos días
de consulta”. (Nuevo Diario, 12/6/2013)
Optimismo del gobierno y de HKC
El 15 de Junio se formalizó en un acto público, con la
presencia de Daniel Ortega y Wang Jing, la concesión canalera a favor de
la empresa HKND. El portavoz de HKND es nada menos que Ronald Maclean-Abaroa,
quien fue alcalde de La Paz, Bolivia, de 1985 a 1991, y quien es conocido
por impulsar grandes proyectos modernizantes.
Maclean-Abaroa, aclarando dudas, dijo que “se trata de un
gran proyecto que tiene el potencial de transformar el comercio internacional y
traer importantes beneficios económicos y sociales a Nicaragua, sus vecinos y
Latinoamérica (…) Nicaragua tiene la oportunidad de transformar totalmente su
economía (…) Este proyecto será un catalizador para el crecimiento económico de
Centroamérica (…) Nicaragua está dando una concesión para que le construyan un
Canal que es suyo. Es suyo desde el principio, está en el territorio
nicaragüense. Nosotros solo tenemos una concesión, pero tenemos un privilegio:
50 años para su explotación. Ese es el tiempo mínimo que necesitamos para
recuperar una inversión de esa magnitud. Tenemos que hacer pasar muchos barcos
para repagarla. (…) Al cabo de la concesión, 50 años, Nicaragua tendrá el 51%
de propiedad. Si se extiende la concesión, terminamos 90% de Nicaragua y 10%
nosotros”. (Nuevo Diario, 16/6/2013)
¿CUÁL DEBE SER LA POSICIÓN DE LOS
TRABAJADORES?
Todavía no está claro si el Canal será construido o si se
trata de un proyecto fallido más. Sin embargo, los trabajadores debemos tomar
una posición al respecto.
Los sindicatos controlados por el FSLN ya tomaron partido de
forma incondicional a favor del gobierno sandinista. La Central
Sandinista de Trabajadores (CST), y la Coordinadora
Sindical, conformaron “un frente sindical de organizaciones de
trabajadores sandinistas y no sandinistas, asumiendo una posición patriótica a
favor” de la Ley Especial. (Nuevo Diario, 13/6/2013)
No cabe la menor duda que la construcción del canal solo
será posible a costa de la entrega de la soberanía nacional. Es el precio que
exigen las transnacionales que tienen el dinero disponible. Esta pobreza y
falta de recursos es una consecuencia directa del saqueo imperialista. Es
igualmente difícil negar los beneficios que podría traer una obra de tal
envergadura.
Bajo un gobierno “neoliberal social” como el de Daniel
Ortega la soberanía nacional está en peligro permanente. El equilibrio que se
necesita entre defender la soberanía nacional y obtener los recursos necesarios
para impulsar la construcción del Canal, solo lo puede lograr un Estado y un
gobierno en mano de los trabajadores.
La clave siempre está en el control que los trabajadores
podamos ejercer en la concesión, y ejecución del proyecto. Pero esta pelea no
es solo de los trabajadores nicaragüenses sino de todos los trabajadores
centroamericanos. La construcción del Canal en Nicaragua tendrá repercusiones
en todos nuestros países. La discusión está abierta.
